Sociedad Punto Cero

Insuficientes, los avances en la instrumentación del nuevo sistema de justicia

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José Víctor Rodríguez

Por José Víctor Rodríguez Nájera (*)

A casi un año de que entró en vigor el Sistema Penal de Corte Acusatorio en el país (julio de 2016) “falta un largo trecho para tener un sistema de justicia que cumpla con todos los objetivos planteados por la reforma hace casi una década (2008), principalmente una persecución eficiente del delito y el respeto de los derechos humanos de las personas”.

Así lo advierte un estudio elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) que revela que en la mayoría de los asuntos los ministerios públicos no coordinan la investigación y las mayoría de las policías municipales, estatales y federales carecen de las capacidades –en materia de profesionalización y equipamiento- necesarias para hacerse cargo de la investigación de una manera científica.

Además, añade la asociación civil, las Unidades de Atención Temprana (UAT) diseñadas para descongestionar las Unidades de Investigación (UI) siguen remitiendo la mayoría de los asuntos a las Unidades de Investigación. Un caso es el sistema en Durango, donde la UAT canalizó el 99.5 por ciento de los asuntos a la UI.

Para los investigadores de este organismo esta situación impide que la carga de trabajo disminuya y exista una depuración entre los delitos que pueden ser resueltos en alguna salida alterna al proceso y aquellos que realmente deben ser investigados con el propósito de hacer un uso focalizado y eficiente de los recursos disponibles.

Asimismo, indica que el uso de mecanismos alternos de solución de controversias (MASC) puede ayudar a descongestionar el sistema de justicia y facilitar la focalización de recursos en la investigación de delitos de mayor relevancia social, sobre todo si consideramos que los MASC han generado resultados positivos entre los usuarios.

De acuerdo con una encuesta realizada por CIDAC, 89 por ciento está de acuerdo con los MASCP como una buena forma para resolver un conflicto y 9 de cada 10 usuarios los recomendarían a un familiar o conocido.

Dado el porcentaje de carpetas de investigación iniciadas sin imputado conocido, se vuelve apremiante desarrollar las capacidades necesarias para llevar a cabo investigaciones eficaces que puedan dar con la persona que probablemente cometió el hecho delictivo. De lo contrario se producirá un congestionamiento del sistema de justicia penal en el cual solo los asuntos iniciados con flagrancia –con imputado conocido- serán judicializados.

En última instancia, la ausencia de una investigación científica y de calidad que pueda dar respuesta a la demanda ciudadana se refleja en los altos índices de impunidad en las entidades federativas.

Durante 2014, en el 53.8% de las investigaciones iniciadas “no pasó nada” o “no se resolvió la denuncia”, de acuerdo con los usuarios del sistema. Lo anterior inevitablemente tiene un efecto en la percepción de los ciudadanos y puede explicar la alta cifra negra –entre 90 y 93%- en las entidades en las que ya opera el sistema penal de corte acusatorio.

De acuerdo con la reforma constitucional de 2008 la prisión preventiva deberá ser utilizada como un último recurso.

En su lugar, se debería hacer uso de medidas cautelares distintas que garanticen la presentación del imputado al proceso, la seguridad de las víctimas, ofendidos o testigos y eviten la obstaculización del proceso sin que necesariamente se le prive de la libertad.

El uso excepcional de medidas cautelares debe de estar acompañado de la opinión informada derivada del estudio que realice la autoridad de supervisión de medidas cautelares.
Sin embargo, la realidad es muy distinta, en el reporte “Operadores, ¿Cómo vamos?”, es evidente que los agentes del ministerio público no proporcionaban al juez los elementos suficientes para que éste pudiera determinar la medida cautelar apropiada.

Esto, al menos en el ámbito federal- se explica debido a que no se cuenta con una unidad encargada de la evaluación de riesgo y de seguimiento a la medida cautelar.

Por todo lo anterior, se observa que la instrumentación del Sistema de Justicia Penal Oral sigue siendo un tema pendiente y sus rezagos empiezan a entorpecer estos mecanismos que habría ofrecido, resolver los graves problemas de la justicia penal en México.

Punto Cero | Vigilar los programas sociales en la CdMx

Ante el avance de los “morenistas” en la CDMX, bajo el lema “nuestra lucha está en la izquierda”, la dirigencia estatal del PRD en la Ciudad de México lanzó una estrategia de fortalecimiento que busca unificar liderazgos y trazar una ruta de trabajo para restablecer nuevo modelo de contacto con la ciudadanía.

El encargado de esta tarea es Marcopolo Carballo, secretario de Comunicación del partido y uno de los principales promotores, que bajo la denominada “Generación que Transforma” busca rescatar los orígenes del PRD para reafirmar la militancia de dicho partido luego de la salida de varios de sus simpatizantes.
Este joven político lanzó el hashtag #YOMEQUEDOENELPRD al que se han sumado líderes como Juan Castillo de Xochimilco; Edher Flores de Vanguardia Progresista, entre otros, así como de distintas expresiones como ADN, Foro Nuevo Sol, Nueva Izquierda.

En este ruta de trabajo se busca reactivar la militancia del PRD en la ciudad. Para ello no se buscará la creación de una nueva corriente, sino la unidad para el fortalecimiento de ese partido en la capital del país y construir, mediante la capacitación, sus propios liderazgos para no depender de figuras externas al partido.

Ya se instalaron mil consejos territoriales a nivel sección electoral en las 16 demarcaciones, así como la realización de 4 foros en el primer semestre de 2017 convocando a la militancia, a organizaciones de la sociedad civil para ciudadanizar la elaboración de las Leyes Secundarias aplicables a la Constitución de la Ciudad de México.

* Periodista mexicano
@JoseVictor_Rdz

Escrito por

Periodista, profesor universitario y consultor en Comunicación y Periodismo.

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